A pesar de la despenalización del aborto en Colombia por parte de la Corte Constitucional en 2022, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo continúan enfrentándose a un camino lleno de estigmatización y barreras. Desde la soledad emocional que experimentan, hasta los obstáculos administrativos y la desinformación en los centros de salud, el acceso efectivo a este derecho fundamental sigue siendo una lucha. 

Organizaciones como UNIMÉDICOS, La Mesa por la Vida y la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad denuncian las constantes trabas que persisten, mientras la amenaza de denuncias judiciales y la falta de reforma del Código Penal añaden una capa más de vulnerabilidad para miles de colombianas. Esta entrevista a Diana Salcedo, directora de LIMPAL, explora las profundas implicaciones sociales, legales y personales que enfrentan las mujeres en Colombia al ejercer su derecho a decidir.

Cuando tú, como mujer, pones tu vida en riesgo y tomas una decisión que solo te concierne a ti, eso conlleva un castigo social. Implica que tu familia se aleje de ti, implica que vas a tener que cargar esa cruz sola hasta el día de tu muerte.

En un video publicado en TikTok y visto por más de 18.000 personas, Camilia Correa, una influencer colombiana, comparte el dolor y la soledad que sintió cuando decidió abortar:

«Le envío un abrazo y toda mi fuerza a las mujeres que están pasando por esta situación. Porque sé que muchas veces el estigma y los prejuicios terminan consumiéndote la mente.»

En Colombia, la legalización del aborto por parte de la Corte Constitucional en 2022 no eliminó todos los obstáculos para las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Siguen siendo estigmatizadas, incluso en los hospitales, donde muchas veces intentan impedirles el acceso, según Luz María Aljury, representante de UNIMEDICOS, una fundación que trabaja por el acceso al aborto.

«Existe la objeción de conciencia pero en ese caso los médicos están obligados a remitir a la mujer a otro médico o centro. El problema es que muchas veces no lo hacen. Además, aquí en Colombia, los celadores o las personas que atienden en la recepción de los hospitales a veces ni siquiera saben que el aborto es totalmente legal, o cuando lo saben, mienten a las mujeres o se niegan a orientarlas. Desde el primer paso, que es el celador, ya se está creando una barrera.»

Ante estos intentos de intimidación, hay organizaciones que luchan para que las colombianas estén plenamente informadas sobre sus derechos. Una de ellas es La Mesa por la Vida, un colectivo que defiende el derecho al aborto, como en este video publicado en TikTok en mayo pasado:

«¿Cómo abortar en Colombia? Tú preguntas y la Mesa responde. Para acceder al aborto no tienes que justificarte. No se necesita ningún documento ni certificado administrativo hasta la semana 24 de embarazo.»

Sin embargo, muchas veces se les exigen documentos que no están contemplados en la ley, lo que representa una forma de desincentivar el acceso al aborto, según Diana María Salcedo, presidenta de la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia:

«También hay barreras administrativas, especialmente cuando se les pide a las mujeres documentos que no son necesarios, lo que les hace perder tiempo y puede hacer que se pasen del plazo en el que pueden abortar y  no comprometa la vida de la mujer.»

En las grandes ciudades, estos obstáculos a veces se pueden esquivar gracias al acompañamiento de organizaciones, pero en las zonas rurales la situación es mucho más difícil:

«Cuando las mujeres viven en las zonas rurales, las posibilidades legales para acceder al aborto son muy limitadas. Generalmente, no hay centros de salud cercanos. A eso se suma que las prácticas culturales en las comunidades rurales pueden influenciar en la autonomía de las mujeres en el momento de decidir.»

Por último, hay un mecanismo que se está usando cada vez más por parte de quienes se oponen al aborto: las denuncias. Solo en el último año hubo 124 denuncias, y a pesar del fallo de la Corte Constitucional, el aborto sigue considerado como delito en el Código Penal. Los procesos judiciales pueden tardar meses. Mientras se modifica el texto, la Fiscalía ha dado la orden de que los jueces archiven los casos, pero hasta ahora el Congreso colombiano no ha agendado ningún debate para reformar el Código Penal.